Serios problemas de Google en la aplicación de la sentencia del TJUE
En los últimos meses Google se ha visto desbordado por la cantidad de solicitudes de derecho al olvido que ha recibido, desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón al español Mario Costeja en un proceso que terminó reconociendo a los ciudadanos el derecho a reclamar a los buscadores de Internet la retirada de las páginas y sus enlaces cuando consideren que la información que contienen es lesiva para su persona, obsoleta o no pertinente. En tan solo tres meses Google ha recibido 120.000 de peticiones que afectan a 457.000 URL.
Para solucionar el problema de la aplicación de esta sentencia, Google ha creado un Consejo Asesor sobre Derecho al Olvido. Recientemente este Comité de sabios ha iniciado una gira por varias ciudades europeas con el fin de recabar las opiniones de los expertos en la materia. Durante la reunión que mantuvo el pasado martes en Madrid todos los participantes han coincidido en las dificultades que supone para la empresa gestionar tan inmensa cantidad de solicitudes. Además, hay que tener en cuenta la diversa casuística de cada petición y el tiempo que ocupa dilucidar sobre cada caso.
Los ponentes han puesto de relieve las diferentes consecuencias, a menudo negativas, y han sugerido soluciones a los problemas que ha generado la citada sentencia.
Se ha hecho especial hincapié en que los buscadores tienen que asumir el papel de juez y parte dejando en sus manos la potestad de decidir sobre si prevalece el derecho a la información, memoria o expresión ante la privacidad de las personas. Por lo que de hecho, se les confiere una posición, hasta ahora inaudita en un Estado de derecho, de garantes de la libertad de expresión. Por lo que se hace muy urgente la aprobación de una normativa específica que regule las funciones y el papel de los buscadores.
En la convocatoria, se ha criticado también que a partir de ahora se ha perdido el equilibrio entre la privacidad y el derecho a la información, en el sentido de que cualquier otro interés debe justificarse por si afecta a la protección de datos. Algo que, según una de las ponentes, se podría resolver añadiendo una actualización a la correspondiente información lesiva sin que se desvirtúen hechos históricos.
Como otra solución a este problema se ha propuesto que los buscadores eliminen temporalmente cierta información y una vez cumplido el plazo de 25 o 50 años reactiven los enlaces bloqueados.
Por su parte Google ha reafirmado que seguirá admitiendo las peticiones de las personas privadas que soliciten el derecho al olvido respecto de los datos obsoletos o irrelevantes o cuando éstos se refieran, por ejemplo a una condena ya cumplida, pero no atenderá peticiones de cancelación de la información que tiene el interés público, cuando ésta se refiera a políticos, funcionarios o personajes públicos.
De todas formas, debemos tener en cuenta que la información sigue en internet ya que la sentencia no obliga a borrar fuentes, simplemente se eliminan enlaces y se limita el acceso a la búsqueda por nombre, por lo que cabe la posibilidad de encontrarla de un modo u otro.
Finalmente la reunión de Madrid ha terminado con la conclusión de que hay que seguir buscando el punto de equilibrio entre la privacidad y la libertad de expresión.
Karol Sedkowski
Consultor Legal
Áudea, Seguridad de la Información