Posible fraude en el uso de fondos de formación contínua por algunas consultoras de protección de datos
En el transcurso de la investigación abierta en abril por el Servicio Público de Empleo sobre uso de los fondos de formación continua, se ha detectado una posible bolsa de fraude en el al menos una de cada cuatro empresas analizadas podría haber incurrido en irregularidades, que algunas empresas utilizaban para financiarse la contratación de los servicios de protección de datos de algunas consultoras dedicadas a esta actividad. También se ha empezado a investigar a las más de veinte consultoras denunciadas por la patronal del sector tras ofrecer de forma gratuita los servicios de protección, algunas incluso publicadas en revistas. A la mitad de ellas se les ha descubierto alguna incidencia; las inspecciones siguen abiertas.
La investigación se abrió a partir de las denuncias de las patronales de empresas del sector de la protección de datos, tras detectar que, al menos desde 2007, cada vez más competidores han vendido sus servicios a coste cero, y a menudo a través de colegios profesionales. Esto era posible porque la consultora incluía en sus servicios un curso financiado por la Fundación Tripartita, siendo así la subvención para el reciclaje de los trabajadores la que pagaba los servicios de protección de datos. Según el diario Público, alguna de estas consultoras puede haber implantado la protección de datos a 3.700 empresas.
La investigación se centra sobre todo en las empresas que contrataron los servicios, que se beneficiaron de créditos en las cuotas de formación profesional y por tanto habrían defraudado los fondos de formación. Además de las posibles se ha puesto el caso en manos de la Agencia Tributaria, para analizar el posible fraude fiscal, (las empresas estarían exentas de pagar el IVA por los cursos de formación, que no están gravados, pero no de los servicios de consultoría para la implementación de datos, a los que se debe aplicar IVA), lo que no descarta irregularidades en otros ámbitos, como podría ser la posible reducción drástica de precios y competencia desleal.
Pese a que en 2004 el Gobierno del PP intentó vetar la presencia de sindicatos y patronales en la entidad que gestiona los fondos de formación continua, estas organizaciones siguen participando en la decisión de sus líneas maestras, que deciden el reparto de más de 1.500 millones de euros. Las cotas de irregularidades detectadas entre 1994 y 2000 provocaron que la Comisión Europea obligara a España a devolver 105 millones de euros recibidos del Fondo Social Europeo. El escaso control de los recursos estuvo a punto de paralizar la llegada de estos fondos estructurales a causa de las diferentes investigaciones abiertas.
Fuente: www.publico.es