España cobra por copia privada en casos que no contempla la directiva europea del ‘copyright’
La abogacía general de la Unión Europea se ha pronunciado recientemente sobre la aplicación de la directiva europea del ‘copyright’ en nuestro país, personalizado en la figura del canon. Esta comunicación viene a colación de una consulta propuesta por un juez de Barcelona sobre el caso entre la SGAE y la empresa Padawan, propietaria de una tienda de informática en Barcelona.
La consulta no es vinculante a la hora de dictar sentencia para el tribunal pero es bastante orientativa y suele tomarse muy en cuenta.
La abogada de la Unión Europea no pone en duda el canon en si, que es la fórmula elegida por el estado español, entre otros países europeos, para retribuir a los autores por la pérdida de sus derechos exclusivos de reproducción. Lo que si estima es una cierta aplicación indiscriminada de este canon aun cuando ya en el 2007 el comisario de mercado interior Charlie McCreevy advirtió que solo debería estar dirigido a personas físicas, nunca a Administraciones ni empresas.
Por lo tanto, Trstenjak, dice que sólo debería «gravar los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital que presumiblemente se vayan a destinar a la realización de copias privadas» cuando actualmente «extiende la obligación de compensación a personas distintas de las personas físicas» y a «supuestos que no consisten en una reproducción para uso privado».
Si el dictamen de la abogacía del Tribunal Europeo se confirma con una sentencia, las repercusiones no sólo serán legales, sino también económicas. Se podría producir una catarata de reclamaciones por parte de empresas y asociaciones de comerciante así como del principal contribuyente de las entidades de gestión que es la Administración. De los cerca de 90 millones de euros que las entidades de gestión obtuvieron por copia privada en 2009, la mitad se lo dieron los organismos públicos. Unos 40 millones de euros.
Departamento de Comunicación
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