La polémica que ha acompañado al proyecto de modificación de la antigua Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI) – la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información- parece haber concluido con la victoria de los internautas sobre las sociedades de gestión de derechos de autores.
Aparte de las modificaciones que proponía la LISI y que fueron objeto de estudio en este blog, la nueva redacción de la Ley de internet proponía que las sociedades de gestión de derechos de autor tuvieran potestad para cerrar páginas web sospechosas de violar los derechos de propiedad intelectual. El anteproyecto convertía a estas sociedades de gestión en órganos con la misma capacidad que órganos judiciales capaces de calificar como ilícito y culpable la actuación de un usuario y a los prestadores de servicios en empresas al servicio de estos supuestos jueces, encargadas de retirar los contenidos “ilícitos” por obra y gracia de unas organizaciones privadas, alterando gravemente el papel de quien única y exclusivamente tiene que facilitar infraestructuras.
Para las sociedades de gestión esta marcha atrás supone que el gobierno no apuesta por acabar con la piratería, mientras que para las asociaciones de internautas más que una victoria es una rectificación sobre un hecho que, de haberse aprobado, hubiera violado derechos fundamentales como el de la tutela judicial efectiva.
Ahora sólo falta el desenlace final, esto es, una nueva redacción en la que se incluirán opiniones de las sociedades de gestión de derechos de autor y de asociaciones de internautas.