Según la denuncia de CC.OO presentada ante la Inspección Provincial de Trabajo de Pontevedra y la Agencia Española de Protección de Datos, el Concello de Pazos de Borbén ha instalado en su sistema de información unos programas espías para llevar el control sobre la actividad de algunos trabajadores municipales.
A pesar, de que se ha puesto en conocimiento de los trabajadores a través de una circular interna, la información relativa a las normas de uso de la red informática municipal, estarían también obligadas a informar de los mecanismos de control implantados, y contar para eso con el visto bueno de los representantes de los trabajadores. Además de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores el control y vigilancia de los puestos de trabajo se debe llevar a cabo en horario laboral, y con un representante de los trabajadores delante para garantizar la intimidad de los empleados, que en este caso parece que no se ha cumplido.
Los programas espía instalados enviaban los correos de los trabajadores, ya fuesen relacionados con el trabajo o particulares, a determinados ordenadores de algunos funcionarios del Concello y probablemente de la empresa contratada, siempre dentro de la utilización autorizada por la circular interna.
«De todo esto, entendemos que es conocedor el alcalde y al menos el equipo de gobierno, y de ser conocedor no entendemos como no ha puesto fin a esta práctica, ya que se trata de una intromisión a la intimidad de las personas y de los trabajadores», aseguraba Jerónimo Fernández, responsable de Administración Local del sindicato en Vigo, que además calificaba los hechos como «muy graves»
La gravedad de este asunto es tanto mayor, que podría tratarse incluso de una cesión de datos no autorizada, muy perseguida y castigada por la Agencia Española de Protección de Datos. Pues, en el supuesto de que existiesen comunicaciones privadas entre trabajadores y sus amigos o familiares, habría que contar con el consentimiento de éstos para poder comunicar sus datos a terceros, en este caso a la empresa contratada para supervisar el correo de los empleados.
A la vista de los hechos, parece que hay bastantes indicios de vulneración tanto del Estatuto de los Trabajadores como de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal de 13 de diciembre, por lo que esperamos una ejemplar decisión de las Autoridades competentes.
FUENTE: www.lavozdegalicia.es