Una auditoría puso de manifiesto que la Oficina de Tecnología e Informática de la Cámara de Representantes (similar al Congreso de los Diputados) no tomó los controles adecuados para garantizar que el uso de internet y otros equipos informáticos se hiciera con fines públicos.
La auditoría -que cubre el periodo del 11 de mayo de 2005 al 10 de julio 2006- descubrió que se utilizaron los equipos informáticos de la Cámara con fines ajenos a la gestión pública; que los empleados se intercambian las contraseñas de acceso, y que no existe un plan alternativo para garantizar la operación y seguridad de la información y los equipos. También señaló deficiencias en los formularios para la solicitud y aprobación de las cuentas para acceder a la red, la ausencia de un plan de continuidad para mantener un centro de proceso de datos alternativo y la falta de una fuente de energía (generador electríco o SAI) alternativa.
Tampoco hay una pantalla de advertencia sobre el uso de los equipos informáticos para los empleados ni existen controles para la prevención y detección de programas no deseados. Ni siquiera hay un registro de los programas instalados en cada computadora, dice el informe.
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