El pasado día 21 de febrero se publicó en el BOE la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción y que transpone la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
Esta normativa, también conocida como Ley del Canal de denuncias, o Ley Whistleblowing, tiene por objeto otorgar una protección adecuada a las personas que informen sobre acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del derecho de la Unión Europea o, infracciones penales o administrativas, entre otras.
La Ley del Canal de denuncias o Ley Whistleblowing incluye a lo largo de su articulado, y más concretamente en su Título VI, cuestiones específicas en materia de protección de datos tales como: (i) el régimen jurídico del tratamiento de los datos; (ii) la base legitimadora de los responsables del sistema para el tratamiento de la información; (iii) deber de informar a los interesados y permitir el ejercicio de sus derechos en materia de protección de datos; (iv) la necesidad de cumplir con los principios de minimización de datos y limitación del plazo de conservación; (v) limitaciones de acceso y (vi) confidencialidad del informante y personas afectadas. Adicionalmente, modifica el actual artículo 24 de la LOPDGDD quedando la regulación en él contenida en manos de la Ley Whistleblowing desde la exigibilidad de la misma.
Recordamos que esta nueva Ley será de plena exigibilidad a los tres meses desde su entrada en vigor (20 días desde la publicación el pasado día 21 de febrero en el BOE).
Desde Áudea, como expertos en protección de datos y seguridad, ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de contar con un asesoramiento externo en materia de protección de datos y más concretamente en cómo esta nueva Ley puede impactar en el tratamiento de datos que realizan en sus organizaciones.
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